Monthly Editorial October 2021
Abstract:
The histories of most Latin American countries and peoples carry strong legacies of human rights violations. These traumatic pasts are by no means dead: instead, their legacies inform peoples’ present-day experiences and struggles, just as many of the structural inequalities that have caused violence prevail. In this context, how can historians and historical thinking contribute to the much-needed transformation that can help societies transition from past atrocities to future social justice?
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18859
Languages: English, Spanish
¿Cómo pueden contribuir los historiadores y el pensamiento histórico a los procesos de justicia transicional? Hoy, muchas sociedades en norte y sur global se enfrentan a la necesidad de enfrentar pasados de opresión y violaciones a los derechos humanos. Esta editorial se aproxima al rol que puede jugar la historia frente a este asunto urgente y contencioso desde una perspectiva latinoamericana.
De pasados violentos a sociedades justas
Los latinoamericanos constantemente enfrentamos el peso de pasados violentos que continúan vivos de distintas formas en el presente. Estos pasados juegan roles importantes en la vida política, social, económica y cultural contemporánea, no solo como memorias traumáticas disruptivas, sino en tanto informan las experiencias del presente en las que las desigualdades estructurales que llevaron al conflicto y al autoritarismo en el pasado continúan vigentes, reproduciendo la exclusión y la violencia o amenazando con hacerlo.
Sin embargo, nuestra comprensión del lugar actual de los pasados violentos—algunos recientes y otros de hace siglos—y del valor de la historia y el pensamiento histórico para producir las transformaciones necesarias y transitar hacia la justicia social aún es limitada.
Los sistemas implementados para transicionar hacia futuros justos—los llamados sistemas de justicia transicional—frecuentemente se han aproximado al pasado desde una perspectiva de corta duración, enfocando su atención en las violaciones recientes a los derechos humanos. En Latinoamérica, esto ha implicado un énfasis en las atrocidades que ocurrieron como resultado de la represión estatal en contra de diferentes movimientos sociales de izquierda en el contexto de la Guerra Fría.[1] Esta perspectiva, que en el mejor de los casos ha sido de mediano plazo, no nos ha permitido considerar cabalmente el impacto que tienen sobre el presente pasados más largos de colonialismo y violencia estatal, así como el racismo y el patriarcalismo, entre otras estructuras de desigualdad persistentes. Atender a esas historias más largas es importante por varias razones. De un lado, son una pieza clave para comprender las raíces históricas de las violaciones a los derechos humanos experimentadas bajo los gobiernos autoritarios y conflictos armados de la segunda mitad del siglo XX, más allá de narrativas simplistas de víctimas y perpetradores. Dichas narrativas silencian estructuras de desigualdad más profundas que hacen posible que los ciclos de violencia se repitan, bajo nuevas formas y contextos, y a manos de nuevos actores. De otro lado, para las comunidades que han sido afectadas de manera desproporcionada por la violencia incluyendo poblaciones indígenas, afro-descendientes y mujeres, las experiencias recientes de violencia no son del todo nuevas: son parte de ciclos de abuso que se remontan siglos atrás y que acarrean un enorme peso en la forma como éstas comunidades experimentan e interpretan el presente. El despojo de tierras y la violencia racial y sexual, por ejemplo, han sido parte de la experiencia de estas comunidades desde un pasado distante y se han reproducido en nuevos ciclos de violencia bajo nuevos contextos y a manos de perpetradores distintos. Cuando reaparecen, no son experimentados como una catástrofe más: son vividos y comprendidos como parte de historias más largas de abuso que informan la experiencia del presente.
Sin embargo, el rol de la historia en los sistemas de justicia transicional, materializados en las comisiones de la verdad, ha permanecido atado a una perspectiva del pasado de corta o mediana duración. Tampoco se debe restar importancia a esa perspectiva. De hecho, fue un avance significativo de nociones previas de justicia transicional que, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, entendieron la justicia como un asunto de la ley y redujeron la responsabilidad a la criminalización de individuos a través de tribunales especiales como fue el caso de los juicios de Nuremberg. En las décadas de 1980 y 1990, durante la oleada de transiciones de regímenes en la antigua Unión Soviética, África, Sur y Centro América, una nueva apreciación de los retos multidimensionales de la recuperación de la sociedad resultó en una aproximación que incluyó pero no se limitó a la reparación jurídica.[2] La comprensión de la justicia continuó incluyendo mecanismos judiciales pero se expandió más allá de la responsabilidad de unos pocos líderes, o lo que se conoce como justicia retributiva, para incorporar el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los abusos que sufrieron en el pasado, las identidades de los perpetradores, así como el reconocimiento público de los eventos, la conmemoración y la reparación. Las declaraciones públicas y verídicas de responsabilidad fueron consideradas esenciales y se concedieron amnistías a cambio de ellas. El foco de esta nueva forma de justicia restaurativa se movió de los juicios a las comisiones de verdad y la memorialización. Así, los sistemas de justicia transicional incorporaron una comprensión más profunda de la importancia de abordar el pasado para transicionar hacia futuros democráticos y de paz.[3]
Lo que necesitan las transiciones de la historia
La historia que persiguieron las comisiones de la verdad de entonces fue aquella de las violaciones recientes a los derechos humanos. En el caso de Latinoamérica, se establecieron comisiones de la verdad en la transición de la dictadura o de la guerra civil en Argentina (1983-1984), Uruguay (1985, 2002-2003), Chile (1990-1991, 2003-2005), El Salvador (1992-1993), Guatemala (1997-1999), Panamá (2001-2002), Perú (2002-2003), Paraguay (2004-2008), Ecuador (2008-2010) y Brasil (2011-2014).[4] Aunque hay diferencias sustanciales entre ellas, en tanto surgieron de contextos y mandatos distintos, todas se han enfocado en investigar las especificidades de las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente y los patrones de la represión estatal. Lideradas por abogados, han recolectado testimonios, investigado y contrastado fuentes con el ánimo de aclarar los hechos, y han defendido el derecho de las víctimas a la verdad. Aunque este era un paso hacia adelante muy importante frente a formas previas de comprender la justicia transicional que se enfocaron en estrategias judiciales, tras algunas décadas de experiencia con las comisiones de la verdad por todo el mundo, las limitaciones de estas últimas también se han hecho visibles. Se ha hecho evidente que tras compartir su testimonio ante las comisiones, grupos distintos salían con sus “verdades” intactas. La relativización de las distintas “verdades” en algunos casos limitó la posibilidad de reconciliación y dejó las causas sistemáticas y estructurales del conflicto desatendidas. [5] Un consenso ha emergido de que al lidiar con el legado de las violaciones pasadas a los derechos humanos, las sociedades que hacen transiciones deben enfrentar no solo las violaciones como tal, sino unas historias más largas de desigualdad económica, social, étnica, territorial y de género que subyacen a las disputas sociales y pueden potencialmente reproducirlas.[6] En Latinoamérica, los casos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala y la Comisión de la Verdad en Colombia han liderado esta nueva perspectiva.
A pesar de que la memoria y el derecho a la verdad se han convertido en el mecanismo privilegiado de la justicia transicional en décadas pasadas, las perspectivas de larga duración han estado en buena medida ausentes del campo de la justicia transicional tanto en términos teóricos como prácticos.[7] Las recientes movilizaciones sociales, que han estallado en torno a asuntos del presente como la Ley del Bitcoin en El Salvador, una reforma tributaria en Colombia, y el aumento en el precio del metro en Chile, han puesto en evidencia que las demandas de los ciudadanos hoy hablan no solo al pasado reciente sino que traen a colación historias profundas de conquista y colonialismo, distribución desigual del poder, y estructuras jerárquicas de clase, raza, región y género. El pasado está incesantemente presente.[8]
En Latinoamérica y más allá, la transición de pasados de atrocidad a futuros de paz y justicia social requiere la incorporación de análisis histórico capaz de proveer la profundidad histórica necesaria para comprender que las causas de la violencia residen en estructuras sociales profundas que van mucho más allá de víctimas y perpetradores. La memoria es necesaria pero insuficiente; la justicia transicional requiere las verdades de los individuos pero también la verdad más estructural y explicativa de la historia para poder formular las transformaciones sociales necesarias para la no repetición más allá del desarme y el cese al conflicto.
Estas transiciones también requieren una perspectiva histórica que mire no solamente hacia el pasado, sino que entienda el presente como parte del flujo de la historia, y entonces, lo entienda como un lugar desde el cual es posible generar cambio. El pensamiento histórico—que incluye habilidades como el pensamiento de larga duración, la comprensión de situaciones en contextos temporales y espaciales, el reconocimiento del cambio y la continuidad y el contraste de distintos puntos de vista—es una herramienta poderosa para que los ciudadanos actuales se piensen como actores históricos capaces de transformar realidades que, como nos enseña la historia, están constantemente en flujo.[9] Como lo ha argumentado Michel-Rolph Trouillot, al igual que los actores del pasado, las personas en el presente somos a la vez actores y narradores de la historia y las narrativas que producimos son también hechos históricos.[10]
Este número de PHW se adentra en el rol del pensamiento y el conocimiento histórico en los procesos de justicia transicional, al interior de contextos institucionales pero también más allá de ellos. Historiadores como Elazar Barkan y Nanci Adler han promovido el potencial de involucrar la historia en la resolución del conflicto y la reconciliación.[11] Han propuesto que los historiadores deben actuar como intermediarios imparciales para facilitar un “diálogo histórico” entre grupos enfrentados para encontrar una narrativa compartida. Los autores que participan en este número enriquecen este debate y expanden sus límites. Ofrecen perspectivas críticas y radicales que hacen preguntas epistemológicamente potentes y proponen una historia pública activista que comprende el pensamiento histórico como un componente crucial para el cambio social y la democratización. Juntos, presentan un argumento importante a favor de la relevancia de la historia pública: de un lado, resaltan el valor público del conocimiento y el pensamiento histórico en sociedades que lidian con pasados violentos, y de otro, proponen perspectivas teóricas que empujan en nuevas direcciones nuestra comprensión académica de la historia.
Las contribuciones al número de octubre
En la semana 2, Caroline Silveira Bauer ofrece un examen crítico de la participación de los historiadores en la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil (2011-2014). La autora trae al centro preguntas sobre la dimensión ética y política de la historia, resistiendo la comprensión limitada del papel del historiador como juez o autoridad. La autora también nos previene contra las falsas expectativas de que la historia pueda garantizar la no-repetición, dando en cambio luces sobre cómo pueden los historiadores enriquecer la comprensión pública del poder de la narrativa histórica en contextos transicionales.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18865
En la semana 2, Ponciano del Pino cuestiona los marcos temporales lineares, estables y progresivos que han guiado—y limitado—el estudio de la historia reciente en América Latina. De manera interesante, lo hace enfocando la atención en la experiencia de las víctimas y su comprensión de la temporalidad de la injusticia. Examinando los casos chileno y peruano, muestra la necesidad de un análisis de largo plazo de “la catástrofe más reciente” que reconozca que las injusticias del pasado cercano son experimentadas como parte de “las densas y complejas tramas temporales que se tejen sobre el pasado”.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18866
En la semana 3, Constanza Castro se pregunta por el peligro de las narrativas monolíticas y totalizantes de violencia constante en lugares con pasados difíciles largos como Colombia. Sin negar el peso de los pasados violentos en el presente, invita a los historiadores a virar su atención hacia el futuro, argumentado que las narrativas sobre el pasado y el pensamiento histórico pueden moldear las identidades y prácticas en el presente: tienen el poder de abrir o cerrar la posibilidad de imaginar—y crear—futuros distintos.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18867
En la semana 4, Nancy Nicholls evalúa el impacto de décadas de trabajo de memoria y reconocimiento público de las violaciones de los derechos humanos bajo al dictadura chilena. Después de que la sociedad chilena experimentó un regreso de la violencia estatal durante las movilizaciones sociales masivas de 2019, concluye que el conocimiento histórico sobre el pasado y el trabajo de la memoria no son suficientes para la no repetición. Concluye proponiendo un uso del pensamiento histórico más involucrado con el presente: el uso del conocimiento del pasado para reconocer nuestra agencia como actores históricos y convertirnos así en agentes de cambio.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18869
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[1] Sobre el impacto complejo de la Guerra Fría en la historia social, política y cultural de Latinoamérica y, más allá de las relaciones diplomáticas, su impacto violento en la vida las personas, ver: Gilbert M. Joseph and Daniela Spenser (Eds.). In From the Cold. Latin America’s New Encounter with the Cold War. Durham, NC: Duke University Press, 2008.
[2] Para una historia de la práctica de la justicia transicional ver: Teitel, Ruti G. “Transitional Justice Genealogy.” Harvard Human Rights Journal, 16 (2003): 69-94.
[3] Para un sugerente dossier sobre el rol que la historia pública ha jugado en diferentes sistemas de justicia transicional alrededor del mundo, ver: “Identity, Memory and the Transitional Landscape: Public History in the Context of Transitional Justice”, Radhika Hettiarachchi and Ricardo Santhiago (eds.). International Public History 3 (2), October 2020.
[4] Para un recuento histórico de las comisiones de la verdad en el mundo, ver: Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity. New York: Routledge, 2001.
[5] Adler, Nanci. “Introduction: On History, Historians, and Transitional Justice.” In: Understanding the Age of Transitional Justice: Crimes, Courts, Commissions, and Chronicling. Edited by Nanci Adler. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2018, 1-17.
[6] Mani, Rama. Beyond Retribution: Seeking Justice in the Shadows of War. Cambridge: Polity Press, 2002; Nagy, Rosemary. “Transitional Justice as Global Project: Critical Reflections.” Third World Quarterly 29:2 (2008): 275-289; Adler, Nancy. “Introduction: On History, Historians, and Transitional Justice” y Elazar Barkan. “Historical Dialogue: Beyond Transitional Justice and Conflict Resolution.” En Historical Justice and Memory, editado por Klaus Neumann y Janna Thompson. University of Wisconsin Press, 2015, 185-201.
[7] Neumann, Klaus. “Historians and the Yearning for Historical Justice.” Rethinking History. The Journal of Theory and Practice, 18:2 (2014): 145-164; Greg Grandin, “The Instruction of Great Catastrophe: Truth Commissions, National History, and State Formation in Argentina, Chile, and Guatemala.” American Historical Review 110:1 (2005): 46-67. Sobre el significado del pensamiento de larga duración para comprender y aproximarnos a los asuntos urgentes del presente, ver: Jo Guldi and David Armitage. The History Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
[8] Trouillot, Michel-Rolph. Silencing the Past. Power and the Production of History. Boston, MA: Beacon Press, 1995; Henri Rousso, The Latest Catastrophe: History, the Present, the Contemporary. Chicago: University of Chicago Press, 2016; Julie Gibbings, Our Time is Now. Race and Modernity in Postcolonial Guatemala. Cambridge: Cambridge University Press, 2020; Ponciano del Pino, “¿Cuán reciente es la historia reciente?” En: Public History Weekly, 9 (2021) 8.
[9] Seixas, Peter C. Theorizing historical consciousness, University of Toronto Press, 2004.
[10] Trouillot, Michel-Rolph, Silencing the Past. Power and the Production of History. Boston: Beacon Press, 1995.
[11] Barkan, Elazar. “Engaging History: managing conflict and reconciliation” History Workshop Journal, 59 (2005): 229‐236; Barkan, Elazar. “Introduction: Historians and Historical Reconciliation” in AHR Forum: Truth and Reconciliation in History. American Historical Review, 114:4 (2009): 899-913; and Adler, Nanci. “Introduction: On History, Historians, and Transitional Justice.
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Créditos de imagen
© 2021 Ponciano del Pino.
Citar como
Muñoz, Catalina: History, Memory, and Violent Pasts in Latin America. In: Public History Weekly 9 (2021) 8, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18859.
Responsabilidad editorial
How can historians and historical thinking contribute to transitional justice processes? Today, many societies in the global north and south are facing the need to reckon with pasts of oppression and human rights violations. This editorial approaches the role that history can play in this pressing and contentious issue from a Latin American perspective.
From Violent Pasts to Just Societies
Latin American peoples are constantly challenged by the persistence of violent pasts, which remain alive in different ways. These pasts play important roles in contemporary political, social, economic, and cultural lives, not only as disruptive traumatic memories, but because they inform present-day experiences. Within these, the structural inequalities that have led to conflict and authoritarianism remain in place, reproducing exclusion and violence, or threatening to do so.
However, our understanding of the role that these violent pasts—some recent and others centuries- old— play in the present and of the significance of history and historical thinking in producing the transformations needed to move towards social justice remains limited. This issue of Public History Weekly tackles the question of how historical thinking can contribute to constructing social justice in Latin America and beyond.
Transitional justice systems have often approached the past only from a short-term perspective, focusing their attention on recent human rights violations. In Latin America, this has meant addressing the atrocities that occurred as a result of state repression against different leftist social movements in the context of the Cold War.[1] This at best mid-term perspective has not allowed fully considering how colonialism and state violence have impacted the present, or for that matter other persistent structural inequities (e.g. structural racism and patriarchalism).
Attending to these longer histories is important for different reasons. On the one hand, they are central to understanding the forms of violence experienced under the authoritarian rule and armed conflicts of the second half of the twentieth century beyond uncomplicated victim and perpetrator narratives. Such narratives silence deeper structural inequities that allow cycles of violence to repeat themselves, in new guises and contexts, and in the hands of new actors. On the other hand, for communities that have been disproportionately affected by violence (e.g. indigenous populations, Afro-descendants and women), recent experiences of violence are not altogether new: they are part of cycles of abuse that go back centuries and that impact heavily on how these communities experience and interpret the present. Land dispossession, racism and sexual violence, for example, have long been part of the experiences of these communities, and have reproduced in new cycles of violence, in different contexts and by different perpetrators. When injustice reappears, it is not experienced as another catastrophe: instead, it is lived and understood as part of longer histories of abuse, ones that inform present-day experience.
Yet, the role of history in transitional justice systems, materialized in truth commissions, has largely remained tied to a short- or mid-term perspective on the past. This is by no means unimportant and marked a significant step forward from former notions of transitional justice. After World War II, for example, justice was seen as a legal issue and reduced to the criminalization of individuals through special tribunals (e.g. Nuremberg Trials). By the 1980s and 1990s, during a wave of regime transitions in the former USSR, Africa, Central and South America, a new appreciation of the multidimensional challenges for social healing resulted in an approach that included but was not limited to legal redress.[2] The understanding of justice continued to include judicial mechanisms but expanded beyond the accountability of a small number of leaders, or what is known as retributive justice, to incorporate the victims’ right to know the truth about the suffered past abuses and about their perpetrators’ identity. This understanding also expanded to the public disclosure of traumatic events, including their commemoration as well as reparations. Truthful disclosures of accountability were deemed essential and amnesties were granted in exchange. The focus of this new form of restorative justice thus shifted from trials to truth commissions and memorialization. Hence, transitional justice systems incorporated a more thorough understanding of the importance of dealing with the past in order to transition to democratic, peaceful futures.[3]
What Transitions Need From History
The history sought by truth commissions was that of recent human rights violations. In the case of Latin America, truth commissions were established in the transition from dictatorship or from civil war in Argentina (1983–1984), Uruguay (1985, 2002–2003), Chile (1990–1991, 2003–2005), El Salvador (1992–1993), Guatemala (1997–1999), Panamá (2001–2002), Peru (2002–2003), Paraguay (2004–2008), Ecuador (2008–2010), and Brazil (2011–2014), and most recently Colombia (2018–present).[4] While these commissions differ substantially (they arose from different contexts and mandates), they have all focused on investigating the specifics of human rights abuses and the patterns of state repression in the recent past. Led by lawyers, they have collected testimony, researched and contrasted sources with the aim of setting the record straight, and defended victims’ right to truth. While this was a crucial step forward from previous understandings of transitional justice, which focused on judicial strategies, the limitations of truth commissions have also become apparent after some decades of experience around the globe. For instance, it has become clear that after sharing their testimony before commissions, different parties emerged with their “truths” intact. The relativizing of different “truths” in some cases has limited the possibility of reconciliation and has left the structural and systemic causes of conflict unattended. [5] A consensus is emerging that in dealing with the legacy of past human rights violations transitioning societies must address not only the violations as such, but also the longer histories of economic, social, ethnic, territorial, and gender inequalities that underlie social discord and can potentially reproduce it.[6] In Latin America, the Comisión para el Esclarecimiento de Histórico of Guatemala and the Comisión de la Verdad of Colombia have been pioneers of this new perspective.
Despite the fact that memory and the right to truth have become a privileged mechanism of transitional justice in the past decades, longue durée perspectives have been largely absent from the field of transitional justice, both in theoretical and practical terms.[7] Recent social mobilizations, sparked by present-day issues like Bitcoin legislation in El Salvador, a tax reform in Colombia, and a rise in subway fares in Chile have revealed that current citizen demands speak not only to the recent past but also to deep histories of conquest and colonialism, unequal distribution of power, and hierarchical structures of class, race, region and gender. The past is incessantly present.[8]
In Latin America and beyond, the transition from pasts of atrocity to futures of peace and social justice requires historical analysis capable of providing the historical depth necessary to comprehend the causes of violence in deep social structures that go well beyond victims and perpetrators. Memory is necessary but insufficient; transitional justice needs the truths of individuals but also the more structural explanatory truth of history in order to devise the social transformations needed for non-repetition beyond disarmament and the cessation of conflict.
Transitioning also requires a historical perspective that not only considers the past, but also understands the present as part of historical flux, and thus as a site from which to generate change. Historical thinking—which includes abilities such as long-term thinking, understanding situations in contexts bound to space and time, recognizing continuity and change, and contrasting different points of view—is a powerful tool for empowering citizens as historical agents in the present, and who are capable of transforming realities that, as history teaches us, are fluid.[9] As Michel Rolph-Trouillot has argued, just like the people in the past, we are at the same time actors and narrators of history, and the narratives we produce are also historical events.[10]
This issue of PHW delves into the role of historical thinking and knowledge in processes of transitional justice, within but also beyond its institutional settings. Historians like Elazar Barkan and Nanci Adler have advocated for the power of engaging history in conflict resolution and reconciliation.[11] They have highlighted the need for historians to act as impartial intermediaries who facilitate “historical dialogue” between the different parties to agree on a shared narrative. The contributors to this issue enrich this debate and expand its boundaries. They offer critical and radical perspectives that pose potent epistemological questions and make the case for an activist public history that understands historical thinking as central to social change and democratization. Together, they underscore the relevance of public history: on the one hand, they highlight the public value of historical knowledge and historical thinking in societies dealing with violent pasts; on the other, they present theoretical insights that push our scholarly thinking about history in new directions.
Contributions
In week 1, Caroline Silveira Bauer critically examines the participation of historians in the Brazilian National Truth Commission (2011–2014). She explores questions about the ethical and the political dimensions of history, and thus seeks to overcome the prevailing limited understanding of the role of the historian as judge or authority. She also dispels false expectations about history guaranteeing non-repetition, and instead provides insights into how historians can enrich public understanding of the power of historical narrative in transitional contexts.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18865
In week 2, Ponciano del Pino questions the linear, stable, and progressive temporal frames that have guided—and limited—studying the recent past in Latin America. Interestingly, he does so by focusing on victims’ experiences and their understanding of the temporality of injustice. Examining the Chilean and Peruvian cases, he argues for a long-term analysis of “the latest catastrophe,” an analysis that recognizes that recent injustice is experienced as part of “dense and complex temporal plots that are woven about the past.”
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18866
In week 3, Constanza Castro explores the danger of monolithic and totalizing narratives of ever-present violence in places with long, difficult pasts, like Colombia. Without denying the weight of violent pasts in the present, she invites historians to shift their attention towards the future. In doing so, she suggests that narratives of the past and historical thinking can shape present-day identities and practices: they have the power to open up or rule out the possibility of imagining—and making—different futures.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18867
In week 4, Nancy Nicholls evaluates the impact of decades of memory work and public recognition of human rights violations under the Chilean dictatorship. After state violence recurred in Chile during the massive social mobilizations in 2019, she concludes that historical knowledge about the past and memory work are not enough to prevent non-repetition. She thus proposes espousing a historical thinking that engages more strongly with the present: that is, using historical knowledge to recognize our historical agency and to help us become agents of change.
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18869
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[1] On the complex impact of the Cold War on the social, political and cultural history of Latin America, and beyond diplomatic relations its violent impact in the lives of ordinary peoples of Latin America, see: Gilbert M. Joseph and Daniela Spenser (Eds.). In From the Cold. Latin America’s New Encounter with the Cold War. Durham, NC: Duke University Press, 2008.
[2] For a history of the practice of transitional justice, see: Ruti G. Teitel, “Transitional Justice Genealogy.” Harvard Human Rights Journal, 16 (2003): 69–94.
[3] For a thought-provoking dossier on the role that public history has played in different systems of transitional justice across the globe in recent years, see: Radhika Hettiarachchi and Ricardo Santhiago (eds.). “Identity, Memory and the Transitional Landscape: Public History in the Context of Transitional Justice,” International Public History 3 (2), October 2020.
[4] For a historical account of truth commissions around the globe, see: Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity. New York: Routledge, 2001.
[5] Nanci Adler, “Introduction: On History, Historians, and Transitional Justice.” In: Understanding the Age of Transitional Justice: Crimes, Courts, Commissions, and Chronicling. Edited by Nanci Adler. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2018, 1–17.
[6] Rama Mani, Beyond Retribution: Seeking Justice in the Shadows of War. Cambridge: Polity Press, 2002; Rosemary Nagy, “Transitional Justice as Global Project: Critical Reflections.” Third World Quarterly 29:2 (2008): 275–289; Nancy Adler, “Introduction: On History, Historians, and Transitional Justice” and Elazar Barkan. “Historical Dialogue: Beyond Transitional Justice and Conflict Resolution.” In Historical Justice and Memory, edited by Klaus Neumann and Janna Thompson. University of Wisconsin Press, 2015, 185–201.
[7] Klaus Neumann, “Historians and the Yearning for Historical Justice.” Rethinking History. The Journal of Theory and Practice, 18:2 (2014): 145–164; Greg Grandin, “The Instruction of Great Catastrophe: Truth Commissions, National History, and State Formation in Argentina, Chile, and Guatemala.” American Historical Review 110:1 (2005): 46–67. On the significance of long-term historical thinking to understand and approach pressing contemporary issues, see: Jo Guldi and David Armitage. The History Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
[8] Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past. Power and the Production of History. Boston, MA: Beacon Press, 1995; Henri Rousso, The Latest Catastrophe: History, the Present, the Contemporary. Chicago: University of Chicago Press, 2016; Julie Gibbings, Our Time is Now. Race and Modernity in Postcolonial Guatemala. Cambridge: Cambridge University Press, 2020; Ponciano del Pino, “How Recent is Recent History?” In: Public History Weekly, 9 (2021) 8.
[9] Peter C. Seixas, Theorizing Historical Consciousness, University of Toronto Press, 2004.
[10] Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past. Power and the Production of History. Boston: Beacon Press, 1995.
[11] Elazar Barkan, “Engaging History: managing conflict and reconciliation,” History Workshop Journal, 59 (2005): 229–236; Barkan, Elazar. “Introduction: Historians and Historical Reconciliation” in AHR Forum: Truth and Reconciliation in History. American Historical Review, 114:4 (2009): 899–913; and Nanci Adler, “Introduction: On History, Historians, and Transitional Justice.”
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© 2021 Ponciano del Pino.
Recommended Citation
Muñoz, Catalina: History, Memory, and Violent Pasts in Latin America. In: Public History Weekly 9 (2021) 8, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18859.
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Categories: 9 (2021) 8
DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18859
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